Reforma

Distrito Federal.- Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) plantearon la posibilidad de que militares acusados por delitos contra civiles sean juzgados tanto en el fuero de guerra como en el fuero ordinario para que no se dejen de sancionar conductas que agravian a las Fuerzas Armadas.

"En vez de acumular, debiéramos propiciar la separación de los procesos, porque para la justicia militar es muy importante tener el control de sus miembros, para efectos de jerarquías, disciplinas y responsabilidades militares, si les quitamos eso y lo pasamos al fuero común, ahora va a resultar que los delitos militares quedarían sin sanción", propuso el Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, a quien secundó José Ramón Cossío.

En el segundo día de debates sobre límites de la justicia militar, el Pleno de la Corte no logró encontrar un punto sobre el cual emitir alguna votación, pero ya se perfila claramente una mayoría que se pronunciará por enviar el caso del Coronel José Guadalupe Arias Agredano a un juez civil, ya sea federal o local.

Arias está acusado de encubrir el homicidio del joven Jehtro Ramsés Sánchez, en Cuernavaca en mayo de 2011, y es el primero de 30 expedientes que la Corte deberá resolver para aclarar cuáles son los tribunales que deben procesar a soldados acusados de todo tipo de crímenes.

Cinco Ministros ya expresaron que el caso debe salir del fuero de guerra, lo que confirmaría el criterio del juez militar que declinó llevarlo desde el año pasado, pero también prevalecen múltiples diferencias sobre la forma de abordar el asunto y los criterios de fondo.

Mientras Ortiz y Cossío afirmaron que es posible llevar juicios por separado en ambos fueros por los mismos hechos, Luis María Aguilar consideró que sólo es posible el juicio en el fuero civil, pero que no hay impedimento para que los jueces ordinarios apliquen el Código de Justicia Militar.

Mientras un bloque de Ministros parece dar por hecho que los delitos que involucren a civiles nunca deberán ser procesados por tribunales militares, como afirmó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla, sus colegas Margarita Luna Ramos y Salvador Aguirre se pronunciaron categóricos en favor de que el Coronel Arias sea juzgado en el fuero de guerra.

En tanto la Corte discute un proyecto de sentencia que sugiere enviar el caso a un juez local penal de Morelos porque el Coronel estaba franco y no usaba uniforme el día de los hechos, Fernando Franco y varios Ministros más sostuvieron que el militar sí estaba en activo, y por tanto, al ser un servidor público federal en funciones debe procesarlo un juez federal.

De hecho, la calidad del Coronel Arias como militar en activo el día del homicidio de Sánchez fue uno de los pocos puntos en que casi todos los Ministros estuvieron de acuerdo, dado que pese a estar en un día de asueto, Arias habría dado órdenes a los autores del crimen para ocultar el cadáver.

En cambio, generó desacuerdos la mención del artículo 13 de la Constitución de que los delitos en que "esté complicado un paisano" no deben ir al fuero militar. Para Aguilar eso incluye a las víctimas, pero para el Ministro Aguirre, por ejemplo, sólo abarca casos en que el civil sea cómplice.

La discusión continuará el jueves.